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Buenas tardes, el problema es sencillo de explicar. Tenemos que firmar las hipotecas para que este mes nos den las viviendas y Unicaja nos obliga a firmar para darnoslas un seguro de desempleo de unos 1500 € aprox. de 5 años de vigencia pago único, un seguro de vida de 800-900 € según cada uno de 5 años de vigencia (sólo tenemos firmado por contrato uno) y pago único también y un seguro de vivienda anual (este no lo estamos protestando). Le hemos trasladado nuestras quejas a Unicaja pero nos dicen que esas son las condiciones inamovibles si queremos los pisos. También a la empresa municipal que es la que los venden pero nos dicen que no pueden meterse en las condiciones de los bancos así que queríamos soltar el piso, pero claro, nos quitan una seria de penalizaciones que no merece la pena dejarlo. En definitiva que nos tienen cogido por todos sitios.
JEREZ DE LA FRONTERA.

Desde el punto de vista pragmático, este es el tipo de injusticias que suelen quedar impunes "por ser más caro el collar que el perro", para entendernos.

La imposición de productos o servicios no solicitados es una conducta abusiva que la legislación protectora de los consumidores veta. Si dicha conducta es realizada por la entidad bancaria que financia una actuación protegida de vivienda el abuso es más injusto si cabe ya que por definición se trata de consumidores que acreditan dificultad económica para el acceso a la vivienda. Y no digamos ya si en el propio contrato de compraventa se estipuló como forma de pago la subrogación en el préstamo hipotecario de dicha entidad financiera. Es decir, que el consumidor se ve forzado a padecer el abuso merced a cláusulas que con toda probabilidad no ha negociado individualmente. Se impone por desgracia la razón del más fuerte.

Pienso que cabría promover un pleito para que las estipulaciones del contrato de préstamo que imponen la contratación de productos no solicitados fueran declaradas abusivas y por lo tanto nulas, es decir, que se tuvieran por no puestas.

Pero ¿quién le pone ese cascabel al gato? Deberían hacerlo asociaciones de consumidores, que están legitimadas para interponer un tipo de demandas en beneficio de la colectividad que los particulares por sí mismos no pueden interponer.