No ocupar la vivienda como residencia habitual permanente o mantenerla desocupada constituye una infracción grave. La sanción es una multa y la descalificación, que implica el reembolso de todas las ayudas -incluidas bonificaciones en impuestos-. Además, durante cinco años, no puede vender a precios de mercado.
La legislación básica aplicable es el Decreto 2114/1968, de 24 julio, por el que se aprueba el Reglamento para la aplicación de la Ley sobre Viviendas de Protección Oficial, texto refundido aprobado por Decretos 2131/1963, de 24 de julio, y 3964/1964, de 3 de diciembre.
Las infracción viene prevista en los apartados B.6 y B.9 del art. 153 y es considerada grave.
La sanción, además de multa, viene prevista en el art. 155.d.
Lo más significativo es el art. 152:
La descalificación de las "Viviendas de Protección Oficial" con carácter de sanción obligará al reintegro de los beneficios económicos concedidos y al ingreso de las bonificaciones y exenciones tributarias disfrutadas, en los términos señalados en el art. 148 de este Reglamento, incluyendo además, en este caso, el importe de la bonificación de la contribución territorial urbana no prescrita, que habrá de reintegrarse igualmente con sus intereses legales.
Durante el plazo de cinco años, a contar de la fecha de la descalificación, los usuarios legítimos de las viviendas conservarán los derechos derivados del régimen legal de protección y los propietarios no podrán concertar ventas o arrendamientos a precios superiores a los que sean aplicables según este Reglamento, debiendo conservar las condiciones de prestación de los servicios sin modificarlas en perjuicio de los usuarios.
Transcurrido el plazo expresado, las viviendas quedarán sometidas al régimen general establecido en la legislación común y, en lo pertinente, en la de arrendamientos urbanos.